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 Por Leonardo Arenas
Enero 22 de 2009
Santiago de Chile.- En el artículo titulado "En Chile, diputadas/os abogan por test rápidos" se informa sobre el Proyecto de Acuerdo No. 691 que aprobó la Cámara de Diputados y que solicita al Ministro de Salud estudiar la validación de los tests rápidos y posterior aplicación en el sistema de salud.
Pero, ¿y cómo va ahí la sociedad civil? Más allá del debate de si es factible la aplicación de los tests rápidos en Chile, es una herramienta de diagnóstico que ya se aplica en países de Latinoamérica. Y que lo peor sería hacer una discusión dogmática respecto de su aplicación, aunque hasta el momento, sólo han hablado quienes apoyan esta tecnología. Quienes están en contra de los tests rápidos y a favor de utilizar solamente ELISA deberían hablar, hacer algún comentario, mostrar alguna prueba que los tests no funcionan o que tienen un margen de error alto, quizás no permitido por los estándares nacionales, pero no callen.
 Así también esperamos conocer la respuesta técnica del Ministerio de Salud, por cuanto está en exhibición una campaña que promueve la Consejería, aunque los sistemas de salud estén colapsados y el personal de salud en vacaciones, es decir, todos trabajan a media máquina.
Entonces se abre una oportunidad para las organizaciones de la sociedad civil. Porque los tests rápidos en otros países han sido focalizados en poblaciones vulnerables o en población general; dependiendo si lo que se busca es que las personas conozcan su situación serológica, por lo cual se hacen campañas masivas de testeo o de acciones que pretenden que una población sea testeada in situ por las dificultades de acceso a los puntos de servicios.
¿Cómo podemos utilizar esta tecnología en Chile? De pronto se me ocurre que las organizaciones de la sociedad civil a lo largo de nuestro territorio pueden ser puntos de testeo. Superada la dificultad de tener un lugar acondicionado para sacar una muestra de sangre que debe ser mantenida refrigerada para posteriormente trasladarla hasta el centro clínico más cercano; las organizaciones se transforman en un capital instalado que es posible utilizar. Quizás se requiera una nivelación de conocimientos o una actualización y poder hacer una “consejería abreviada” que es la que se utiliza en los servicios de salud, principalmente con las mujeres embarazadas (cuando les hacen pre-consejería).
Lo otro es la población trans y trabajadoras/es sexuales. Aquí se han ejecutado iniciativas que llevan a los lugares de encuentro los elementos necesarios para hacer el testeo. O son las mismas organizaciones de la sociedad civil en sus sedes quienes ofrecen el servicio.No hay impedimento para que las organizaciones de la sociedad civil puedan ofrecer el test. La normativa dice que debe hacerse un pre y post consejería. Y esta parte de la ley no es fiscalizada por el organismo regional porque no tiene la capacidad real para hacerlo.
Además que la consejería propuesta (30 a 45 minutos) la hace inviable en los sistemas de salud, sean públicos o privados, ya que nos interesa atender a la mayor cantidad de personas en el menos tiempo posible. Así es como se capacitó a matronas en consejería abreviada, en donde se entrega la información necesaria a las embarazadas para que den el consentimiento; mientras que el sistema privado es una incógnita, y de acuerdo a los antecedentes no existe tal consejería, y conozco el caso de las personas privadas de libertad en recintos concesionados en donde no se les hace pre-consejería, y se le entrega información sólo a quienes dan un resultado positivo al test.
Para conocer nuestra epidemia, necesitamos entonces más personas formadas como consejeras y adiestrada en el manejo del test rápido. Y para eso debe disponerse de capacitaciones a las/os funcionarias/os públicos como integrantes de las organizaciones sociales. Porque una cosa es clara, ahora el resultado lo tendremos en quince minutos.
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