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desalienta la prueba
Archivo digital de prensa
Enero 14 de 2009
 ¿Cómo afecta a los derechos humanos?
Buenos Aires, Huésped.- En muchos países se aplican sanciones penales a las personas que transmiten o exponen a otros a la infección del virus del sida, lo que se conoce como “criminalización del VIH”. El conflicto que surge es que, con la supuesta intención de prevenir la transmisión, la aplicación de estas sanciones afectan los derechos humanos de las personas que viven con VIH/sida.
“Lamentablemente, aún en los tiempos que corren, existen procesos formales e informales de criminalización a personas con VIH/sida”, explica Ignacio Maglio, coordinador del área de Promoción de Derechos de Fundación Huésped. Él sostiene que la criminalización también abarca la limitación de derechos a la que son sometidas en muchos países las personas que viven con VIH, como las restricciones de viajes o la falta de acceso a la atención médica integral. “El sujeto es convertido en culpable de su propia condición y de que su conducta posibilite la dispersión de la epidemia”, explica.
ONUSIDA manifestó su posición respecto a la criminalización en un informe, en el que recomienda el compromiso de los Estados para que no sean sancionadas personas que desconocen su status o que no cuentan con la información necesaria sobre la transmisión del virus. El organismo considera que la criminalización debería quedar limitada a aquellas personas que sabiendo que viven con el virus actuaron intencionalmente para transmitirlo. Por eso también deberían quedar exentas las personas que sí tomaron medidas preventivas, que le comunicaron a su pareja sexual que vivían con VIH o que no lo hicieron para evitar reacciones extremadamente violentas, algo que les sucede en general a las mujeres.
En la actualidad, en muchos países se está considerando aplicar la criminalización a mujeres embarazadas que no siguen los tratamientos adecuados, ya que, si bien la transmisión de madre a hijo puede evitarse en el 98 por ciento de los casos, un alto porcentaje de mujeres embarazadas en el mundo no recibe estos tratamientos. Según ONUSIDA sería inapropiado castigarlas, ya que quienes no sigue los tratamientos lo hace por no tener acceso a la información adecuada, para evitar violencia y discriminación o por no tener otra alternativa que la leche materna para alimetar a sus bebés. “Un Estado no puede usar métodos aberrantes, degradantes e inhumanos con la pretendida excusa de proteger los intereses de víctimas inocentes. Además, en un cuarto de siglo de epidemia, no he asistido casos de mujeres que rechacen el tratamiento preventivo”, asegura Maglio.
El informe de ONUSIDA demuestra que la criminalización desalienta la prueba del VIH, ya que el desconocimiento del estatus es lo que puede hacer que una persona sea considerada inocente. Por otro lado, hace que la responsabilidad de la transmisión sea sólo de la persona que vive con el virus, cuando la prevención del VIH/sida debería ser un asunto de todos.
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